Una práctica, producto de la tercerización, está destruyendo la economía local de los municipios con influencia de petrolera. Ecopetrol entrega contratos a los que no hace vigilancia; luego, las contratistas se declaran en quiebra dejando un montón de deudas y nadie responde.


Esta es una denuncia de la USO Tibú, pero que sucede en otras partes del país. El tema se resume en que llegan empresas proveedoras del país e internacionales, establecen contratos con Ecopetrol y estas, a su vez, subcontratan, al final termina perdiendo el proveedor local.

2.300 millones de pesos aproximadamente adeudan a la comunidad, empresas como Tarazona González, Consorcio I21 o LMI. “Han agregado al desempleo una problemática más, que se llevaron los recursos que estaban esperando algunos tibuyanos para subsistir en medio de esta crisis y la han agravado aún más”, indicó Alex Puerto, presidente de la USO Tibú.

“A pesar de que los trabajos son para Ecopetrol, esta empresa sostiene que es una responsabilidad de las contratistas. Siempre han dicho que las empresas cada una tiene su propia autonomía y ellos no están obligados a responder como administradores. Pero también es sabido que a ninguna empresa se les debe cancelar los contratos sin estar al día. Al fin y al cabo, el servicio se lo prestan a Ecopetrol y debe asegurar los pagos”, precisó Puerto.

Algunos de los suministradores locales esperan hasta última hora para hacer los cobros, lo cual no ayuda en el control de los contratos. Permanecen confiados en que la empresa contratista les va a cumplir y quieren llevar unas buenas relaciones. A la fecha, algunos contratos se han liquidado, otros no. A esos últimos, les queda una mínima esperanza.

Para la USO Tibú, esto no ocurriría si Ecopetrol hiciera un seguimiento a las empresas. De manera que se puedan descubrir las artimañas que usan para evadir su responsabilidad. El tema es tan grave, que algunas de ellas sencillamente cambian de razón social y vuelven a presentarse por el contrato, con los mismos problemas.  

La problemática será elevada a la USO a nivel nacional. De acuerdo con Alex Puerto, las incidencias ameritan medidas de alto nivel. “Nos ha quedado como último recurso, las denuncias que vienen haciendo los mismos empresarios y el sindicato. Aquí estamos como USO, colaborándoles y dispuestos a colaborarles al máximo. Pero es necesario revisar por parte del Estado. Es una responsabilidad del mismo Estado que debe combatir estas prácticas que afectan a los más pequeños, que buscan de forma decente salir adelante con sus empresas”.

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