{image}http://www.eldia.co/images/stories/logos/uso.jpg{/image}La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo “USO”, brinda un saludo a los trabajadores del Meta, y particularmente a los trabajadores /as de Puerto Gaitán.

Sabemos de las dificultades por la que atraviesan los trabajadores al servicio de empresas contratistas y subcontratistas y operadoras de la región, por el desconocimiento  de sus derechos laborales y sindicales, los cuales son violados sistemáticamente sin que haya un control efectivo por parte de las autoridades administrativas del trabajo frente a estas irregularidades.

No obstante las empresas se resisten  a dar cumplimiento cabal no solo a los derechos laborales de los trabajadores, sino al derecho constitucional de asociación sindical y sus conductas se orientan a violentarlos y a imponer un Estado con normas a su acomodo e intereses, lo cual los coloca al margen de la ley colombiana.

Ante esta falsa convicción que remos señalar que los fundamentos del derechos de asociación son de rango constitucional y legal.

La Constitución colombiana, de acuerdo a su artículo primero   establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” Estos principios marcan el camino para la construcción del modelo de sociedad en que vivimos, por eso lo que hacen las empresas no está acorde esos postulados superiores y su conducta se enmarca por fuera de la ley.

Acorde con estos principios fundamentales de obligatorio cumplimiento por todas las personas que viven en el territorio nacional, el artículo 39 de la Constitución Política, establece: “ Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

Si la misma Constitución limita la intervención del estado ¿Por qué las empresas colocan obstáculos para que los trabajadores se asocien u organicen? ¿Acaso las empresas están por encima del estado colombiano?

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, establece el llamado bloque de constitucionalidad el cual señala que prevalecen sobre las leyes internas los convenios ratificados por el congreso, sobre derechos humanos, es decir, que tienen rango superior a las leyes internas y se ubican a la par con la constitución, los cuales deben ser respetados en el mismo nivel, señala el artículo: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” luego no cabe duda sobre la trascendental importancia que tiene el derecho de asociación y de sindicalización, el cual no es una dadiva de las empresas si no que debe ser reconocido y respetado, lo que es propio del modelo de Estado por el que hemos optado al que no estamos dispuestos a renunciar. Estos derechos no se pueden vender y se deben hacer respetar por parte de todas y todos, aun ante las empresas extranjeras o de cualquier índole. No debe perderse de vista que Colombia es suscriptora de los convenios de la OIT, por tanto es su deber cumplirlos y hacerlos cumplir, situación que el Ministerio de la protección Social parece no interesarle.

A este respecto se tienen los siguientes instrumentos internacionales que contienen la protección al derecho de asociación y sindicación o sindicalización:

El convenio No. 87 de la OIT de 1948, RELATIVO A LA LIBERTAD SINDICAL Y A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN, en su artículo uno (1) establece: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.”

El artículo 11 del mismo convenio establece: Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.”

Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

El artículo dos (2) de dicho instrumento contempla: “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.”

Como se mira, el derecho de asociación no es algo que depende de una empresa o de un jefe por más alto cargo que este tenga en la empresa.

Esta conducta de las empresas, de algún jefe, del Estado o de cualquier otro particular o autoridad en contra del derecho de asociación y sindicalización, son conductas ilícitas  en el grado de dolo en cuanto normalmente la conducta de estas personas o agentes conocen los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, como cuando un empleador le dice a un trabajador que no quiere que pertenezca al sindicato, cuando se despide a un trabajador por el hecho de ser del sindicato, cuando se le dice al trabajador que si no se desafilia le cortan el contrato, cuando se le trata despectivamente de sindicalista, cuando no se le permite al trabajador hablar de sindicato en la empresa, etc.

Cuando esto sucede el trabajador y el sindicato pueden poner en conocimiento de las autoridades competentes dichas situaciones. Ya que incluso la nueva ley de seguridad ciudadana que reforma el código penal establece: El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

a) Obstruir o dificultar la afiliación a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;
b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales.
c) Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;
d) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, entre otros.

Los trabajadores tenemos muchos elementos legales de los cuales podemos hacer uso con el fin de defender nuestros derechos,  y son  estos, entre otros mecanismos nacionales e internacionales, los que protegen de manera clara el derecho de asociación sindical, derechos que por el desconocimiento de los trabajadores son violados sistemáticamente por parte de las empresas o funcionarios de estas, haciéndole creer a los trabajadores/as que afiliarse a un sindicato es un delito o es causa de despido, por el contrario, no hay nada más licito y ponderado que hacer parte de las organizaciones sindicales, cuya función es precisamente el hacer valer los derechos de los trabajadores/as y buscar cada día el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familiares.

UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO – JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, JULIO 05 DE 2011

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