Petromil y el Esmad arrasan con protesta pacífica en Sahagún, Córdoba

51 días de resistencia pacífica en El Crucero, municipio de Sahagún, Córdoba, terminaron cuando trabajadores y comunidades  fueron desalojados de manera violenta por parte del Esmad el sábado pasado.

Detrás está la protesta contra la masacre laboral en la multinacional Petromil. Una empresa caracterizada por políticas antiobreras y antisindicales. De una planta de 13 trabajadores, 10 decidieron afiliarse a la Unión Sindical Obrera y de inmediato fueron despedidos, violando todos los procedimientos legales; incluso, a algunos hasta se lo informaron telefónicamente. El desalojo se dio con el patrocinio del alcalde de Sahagún, de la inspectora municipal y el comandante de la policía.

“Esto es gravísimo que siga ocurriendo en Colombia, en medio de unos esfuerzos de paz de diferentes actores para todo el país. Las multinacionales y el empresariado están mirando hacia otro objetivo, no respetan a las comunidades, ni a los trabajadores, ni a los sindicatos”, indicó Miguel Novoa, directivo de la USO SUO.

El problema viene de tiempo atrás. La USO ha enviado notificaciones sobre la situación al Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo. La regional Córdoba, Seccional Montería, atendió la solicitud de una visita de constatación, vigilancia y control ante las violaciones salariales, laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional como trabajan.

Allí, encontraron trabajadores sin contrato; algunos que no ganan ni el salario mínimo, solo recibían 5.000 pesos por día; y otros ejercían en chancletas. Además, Petromil ha sido denunciada por afectaciones ambientales y a las comunidades por falta de control a la emisión de gases y al impacto del ruido.

“Es una situación de falta de control de parte de las instituciones y una violación a lo que establecen la normatividad nacional en aspectos laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional. La compañía es ama y poderosa. Las instituciones fallan a favor de la empresa y en contra de las comunidades”, puntualizó Novoa.

El sindicato, después de muchos intentos de comunicarse, entregó un pliego de peticiones que nunca se negoció; primero, por los incumplimientos a las múltiples citas; luego, cuando por fin la empresa aceptó reunirse, no dio garantías para revisar la situación de los trabajadores.

“Los sindicatos no aceptamos; tampoco, la Junta de Acción Comunal”, dice el directivo de la USO SUO. Hoy, la salida es una acción de tutela y seguir la actuación jurídica. El descaro de la multinacional es tal que desconoce el papel de la JAC, porque trajo personal foráneo, desestimando la mano de obra local y sin consultarlo. “La empresa está implementando una política de terror y de desalojo de los derechos de los trabajadores”, precisó Novoa.



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