Pronunciamiento de organizaciones sociales, sindicales y de DD.HH sobre incumplimientos implementación acuerdos con FARC

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAMOS INCUMPLIMIENTO REITERADO DEL GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL FIRMADO CON LA INSURGENCIA DE LAS FARC –EP

“La construcción de la paz tiene en la implementación y en el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes su pilar fundamental.”

Secretariado Nacional FARC.- EP

Las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de Derechos Humanos del Meta, agrupadas en una misma intención de construcción de paz en nuestro departamento y en general en todo el país, vemos con preocupación el reiterado incumplimiento del Gobierno colombiano frente a los acuerdos generados con las FARC – EP, luego de conocer la denuncia pública realizada por esta insurgencia a través de sus líderes, en medios de comunicación masiva y de alta difusión y redes sociales sobre las anomalías que se han presentado en la adecuación de las ZTVN donde se encuentran en proceso de normalización a la vida civil guerrilleras y guerrilleros que se acogen al proceso de paz, además de los reiterados incumplimientos en lo que respecta a las condiciones mínimas de seguridad que permiten la efectividad del CFHBD, en el abastecimiento de los alimentos desde que se encontraban en los Puntos de Preagrupamiento Transitorios, y en general todas aquellas manifestaciones de retraso en la infraestructura necesaria para la implementación de los acuerdos.

Como fuerzas organizadas es nuestro deber atender al llamado de solidaridad que no solo la insurgencia, sino las mismas comunidades receptoras de las ZVTN han realizado con el ánimo de generar espacios de interlocución y control sobre las condiciones objetivas de estas áreas, pues es de esto que se construye la confianza legítima sobre la voluntad de las partes frente a lo acordado.

Consideramos que estos hechos generan tensiones de alta gravedad en las relaciones que se tienen entre Gobierno y las FARC – EP, además de reproducir la pérdida de la confianza legítima en la voluntad del Estado Colombiano de cumplir el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Habrá que manifestar que en lo que va contado de este año, se han documentado y puesto en conocimiento de las instituciones competentes varias situaciones que evidencian la reconfiguración de los territorios en términos de actores armados que pretenden ejercer control territorial y económico sobre las zonas históricamente ocupadas por FARC- EP, reforzando su presencia con actos de hostigamiento, amenazas, extorsiones, estigmatización y llegando incluso a la comisión de actos criminales que devienen en atentados a la integridad física y psicológica de pobladores de las zonas. Puntualmente para los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Uribe, Macarena y Lejanías, se tiene conocimiento sobre el informe de riesgo inminente que emite el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en donde se reconoce la existencia de grupos post desmovilización de las AUC que se autodenominan Bloque Meta y Autodefensas Gaitanistas de Colombia que están haciendo presencia en los territorios y convirtiéndose en un factor de riesgo para la integridad de líderes y lideresas comunales, defensores y defensoras de Derechos Humanos y particularmente miembros de Marcha Patriótica y MUCAPOC.

La Fundación DHOC ha puesto en conocimiento de las autoridades casos como la desaparición de un dirigente comunal en el municipio de Vistahermosa el día 1de Julio del año 2016, la aparición de marcas en las paredes, alusivas a las AUC en el municipio de Macarena y San Vicente del Caguán en octubre del mismo año; se han denunciado amenazas, seguimientos irregulares y estigmatización a líderes de la región y se ha puesto en conocimiento de las personerías y órganos de control situaciones que configuran riesgo inminente a las organizaciones que han sido pioneros en la defensa del Acuerdo Final firmado entre Gobierno y FARC-EP. También se ha hecho seguimiento a la situación de los líderes y lideresas defensores del ambiente y el territorio que han venido siendo amenazados y reprimidos por su labor de defensa de los bienes comunes.

Aunado a esta situación, se encuentra el incumplimiento de las garantías mínimas de seguridad para aquellos miembros de FARC-EP acogidos al proceso que deben desplazarse por tratamientos médicos a los cascos urbanos, además del incumplimiento de lo acordado respecto de los anillos de seguridad y la presencia de personal militar en las áreas. Habrá que recordar que el protocolo firmado contempla el cese de toda hostilidad que pueda poner en riesgo el CFHBD y es un acuerdo de obligatorio cumplimiento de ambas partes, exigiéndose un comportamiento diligente y de buena fe en lo que respecta a la revisión de las situaciones que puedan ser anómalas dentro del desarrollo de los procedimientos.

Se hace entonces necesario manifestar que el incumplimiento en las condiciones mínimas de dignidad en la adecuación de las ZVTN y seguridad de las áreas de influencia no sólo es una amenaza para la insurgencia sino que constituye un riesgo inminente para todo el movimiento social tal como está siendo evidenciado con las lecturas de contexto y denuncia pública de las regiones de influencia de las organizaciones. Además es nuestro deber acompañar el proceso de implementación del Acuerdo Final como organizaciones de carácter imparcial y civil que promueven la garantía y protección de los Derechos Humanos para todas las personas, incluyendo en este propósito a los miembros de las FARC –EP que han manifestado su deseo  legítimo de acogerse a lo acordado. Por esta razón, debemos ser enfáticos en rechazar cualquier actuación de la que pudiera deducirse mala fe o falta de diligencia y debido cuidado sobre todo en materias como el manejo de los alimentos, las emergencias sanitarias y de aprovisionamiento, además de las condiciones de dignidad y seguridad necesarias para la normalización a la vida civil de los miembros de la insurgencia, fundamentales pactadas por las partes, sobre las que se llevaría a cabo la implementación de los puntos correspondientes a esta etapa del Acuerdo.

Reiteramos el carácter impostergable de la necesidad de hacer pedagogía sobre los acuerdos, no solamente las comunidades como eje principal para la implementación, sino también a los actores directos implicados en el conflicto y ahora en la solución política del mismo, especialmente a las Fuerzas Armadas, entidades e instituciones ya que por acción u omisión pueden generar riesgos en las rutas para la Implementación.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Que se continúe el monitoreo a lo que podría configurarse como una emergencia humanitaria y de violación de Derechos Humanos, además solicitamos que se eleven las exigencias correspondientes al Estado Colombiano en atención al mandato conferido para tal fin. A la comunidad Nacional e Internacional preocupada por la defensa, protección y promoción de Derechos Humanos, se insta para ser garante de la situación puesta en conocimiento por las FARC – EP y las soluciones que se brinden a propósito, además de la situación de riesgo que recae sobre el movimiento social en el departamento del Meta, especialmente a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas comunales, y dirigentes sociales, populares, sindicales y campesinos.

EXIGIMOS

Al Gobierno Nacional, regional y local, a los Órganos de control y demás instituciones, encargadas de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, y a las condiciones dignas de implementación del Acuerdo Final, que den muestras de voluntad y cumplan con los protocolos y acuerdos firmados en aras de lograr la construcción de una paz con justicia social, democracia y soberanía.

 

Atentamente,

UNION SINDICAL OBRERA – USO

SINTRAIMAGRA - CUMARAL

FUNDACIÓN DHOC

MUCAPOC

MARCHA PATRIÓTICA- META

CORPORACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA DEL RÍO HUMADEA – CORPOHUMADEA

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO



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