{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/240210/atentado.jpg{/image}El pasado domingo 21, pasadas las 8 de la noche, Marcos Aron,  dirigente de la USO Meta y de la CUT de ese departamento, sufrió un grave atentado contra su vida en la carretera que de Puerto Gaitán conduce  a Puerto López.

“El compañero regresaba a Villavicencio  de Puerto  Gaitán con una comisión sindical que todo ese día participó en varias reuniones con los trabajadores de las empresas petroleras y las comunidades que están en el área”, comentó a Frente Obrero Héctor Vaca, secretario nacional de educación de la USO.

Vaca señala que la camioneta de  la comitiva, a cinco kilómetros de su partida, fue atacada a tiros por varios hombres uniformados que se movilizan en una  moto.

“Gracias a la rápida reacción del escolta, los ocupantes del vehículo, que no cuenta con blindaje,  pudieron evadir la agresión retirándose rápidamente del sitio, abandonándolo por desperfectos mecánicos para internarse en la maleza”, relata. Cuatro horas más tarde,   Aron y sus acompañantes son encontrados ilesos por una comisión de seguridad de  la USO  avisada a través de un celular.

El ejército y la policía, alertados por el hecho, acordonaron la zona sin lograr ninguna captura de los responsables del hecho.

“Este atentado no es más que la concreción de las reiteradas amenazas de muerte  que reciben los sindicalistas de la USO y la CUT en la región,  por su persistente y legítimo derecho de organizar a los trabajadores petroleros y las comunidades al servicio de las compañías que como Petrorubiales, violan el derecho a la libre asociación y no respetan sus derechos”, enfatizó Vaca.

“Toda esta situación se repite día a día en todo el departamento del Meta, hoy el primer productor de petróleo del país”, señala.

El dirigente indica que las compañías petroleras allí hacen lo imposible por impedir la organización sindical y de las comunidades ante la vista gorda de las autoridades que  saben bien de estas denuncias.

“Nosotros responsabilizamos al gobierno y a las empresas petroleras  por estos hechos y denunciamos la total carencia de garantías para ejercer libremente nuestros derechos amparados por la Constitución. Por eso aquí no se puede hablar de la eficacia de la seguridad democrática mientras pervive esta gravísima situación”, anota Vaca.

Finalmente anota que “es lamentable la situación que vienen padeciendo las comunidades indígenas, atropelladas por estas compañías, en una clara violación de sus derechos y su cultura”.

“Hemos observado a niñas indígenas de 12 y 13 embarazadas  víctimas de violaciones. Este es otro cuadro del triste panorama de derechos que se vive en la principal región petrolera de Colombia”, subraya Vaca.
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