La contratista de Ecopetrol con miras a encontrar soluciones a los casos de los 11 trabajadores despedidos en estado de debilidad manifiesta, que tienen tratamientos médicos, entró en diálogo permite que busca impedir el avance de los despidos de este tipo, teniendo en cuenta que este "aliado" de Ecopetrol en la Orinoquía está próximo a terminar su contrato, para que no continúe con esta política de violar los derechos a los empleados, aseguró el Dirigente de Sindical de la USO Meta, Orlando Mora.

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Esta semana en Villavicencio se reunió la reunion Junta Nacional de la USO y la comisión de negociadores se dieron cita para darle el toque final al pliego  y así buscar acordar con Ecopetrol mejores condiciones para los más de 10 mil trabajadores contratistas que hoy no tienen escalafón, reciben bajos salarios así como una aplicación real y más amplia de la convención colectiva.

Información suministrada por Héctor Vaca, Junta Nacional de la USO.

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La subdirectiva Meta de la Unión Sindical Obrera (USO) ha definido respaldar la candidatura de Camilo Acero a la cámara de representantes por la Unión Patriótica (UP), decisión que se soporta en reconocer su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores y su dedicación política a construir alternativas para la clase obrera. 

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El pasado jueves 8 de febrero las comunidades de Acacias, Castilla, Chichimene y Guamal, iniciaron una jornada de protesta contra ECOPETROL, denunciando el incumplimiento de acuerdos firmados con la empresa, la falta de oportunidades para la mano de obra local; el traslado de 33 trabajadores de oleoductos que fueron reubicados en estos campos con el fin de privatizar el mantenimiento en el sistema de transporte de hidrocarburos, esto lo interpretan como el cierre de oportunidad de empleo directo al personal calificado de la región;  la reducción de salarios y prestaciones en actividades que son propias de la industria del petróleo y que hoy las pagan con salarios legales; la subcontratación de empresas por parte de contratistas de ECOPETROL, a cuyos trabajadores les pagan el mínimo legal; la no aplicación del escalafón convencional en las actividades propias de la industria; la aplicación de exámenes médicos contratados por las empresas para rajar a los trabajadores de la región, entre otros.

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