Queda en evidencia que hacer trizas los acuerdos de paz es una tarea que está cumpliendo a cabalidad el señor Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, quien además se ha caracterizado en su carrera como abogado por defender y asesorar empresas que se han visto inmersas en escándalos de corrupción como Odebrecht.
El pasado 4 de abril, aproximadamente a las 8.30 am, muy cerca de la residencia del Secretario General de la Subdirectiva USO, JUAN CARLOS AGUILAR DURÁN, en Barrancabermeja, Santander, Barrio El Refugio de esta ciudad, fue abordado, por dos sujetos desconocidos en una moto sin placas y portando armas cortas, el inquilino de la casa de Juan Carlos. Le preguntaron si él vivía en la casa del dirigente sindical, ante lo cual afirmo que era arrendatario del primero piso.
Queda en evidencia que hacer trizas los acuerdos de paz es una tarea que está cumpliendo a cabalidad el señor Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, quien además se ha caracterizado en su carrera como abogado por defender y asesorar empresas que se han visto inmersas en escándalos de corrupción como Odebrecht
En Ecopetrol no cesan las masacres laborales y los despidos injustos de trabajadores y trabajadoras, algunos con muchos años de antigüedad.
A la firma de los acuerdos de la Habana el Estado se comprometió a salvaguardar la vida de la oposición y los líderes sociales, a desmantelar los grupos paramilitares y a reconocer la legitimidad de la organización y la protesta social. Lo propio hizo al suscribir con el ELN un cese al fuego bilateral, especialmente proteger la vida de los líderes sociales. Nada de eso ha ocurrido.
La USO, junto a centenares de organizaciones sindicales y sociales, al igual que pronunciamientos de la Comunidad internacional, registramos ya un agotamiento por los comunicados que debemos hacer día tras día, semana tras semana, por los asesinatos de líderes regionales, de excombatientes de las FARC amnistiados y sus familias, y por los continuados “falsos positivos” de los organismos de inteligencia y el sistema judicial de bolsillo contra los luchadores sociales, sin que haya una reacción de la fuerza pública y la Fiscalía contra los asesinos.
