Mientras el Presidente de la República sostenía, el día de ayer 10 de julio de 2018, reunión con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, varios líderes eran amenazados en distintas regiones del país.

Y a pocas horas, a las 8:00 p.m. aproximadamente, el compañero LUIS ALBERTO GALVIS MARTÍNEZ , Secretario de Asuntos de Minería y Carbón de FUNTRAMIEXCO, sufría un nuevo atentado en San Martín, Cesar, cuando se desplazaba de su lugar de trabajo, en la estación Tisquirama de Ecopetrol, a su lugar de residencia. Dos personas, que se movilizaban en una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra la camioneta en que se desplazaba Luis Alberto, junto a los compañeros que le brindan seguridad. El artefacto exploto, aunque sin impactar el vehículo.

Recordamos que el compañero ha sido amenazado en diferentes oportunidades y en octubre del año pasado desconocidos llegaron a su lugar de residencia, en San Martín, César, rompieron los vidrios de su vehículo, pincharon sus llantas y partieron los vidrios de su casa. Pese a que las denuncias se han entablado ante autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía, hasta hoy no tenemos respuesta del Estado sobre quiénes y cuáles son lo móviles de estas agresiones y atentados contra el compañero.

Luis Alberto Galvis Martínez es afiliado a la USO y hace parte de CORDATEC, Asociación de pobladores de esta región del país que está en resistencia a la explotación petrolera por medio del Fracking, que Ecopetrol y otras empresas quieren implementar en San Martín, César. Ya el país sabe que un buen numero de amenazas y asesinatos son contra personas que se oponen a la explotación depredadora de la vida humana y del ambiente en varios municipios de Colombia.

De ahí, que no creamos en las declaraciones que durante ocho años nos ha repetido el Presidente Santos: “por eso ratifico hoy, al condenar y repudiar esos hechos, que no hemos descansado ni descansaremos hasta encontrar y castigar a los responsables de esos crímenes infames”, cuando anuncia las ocho medidas que tomó el gobierno para “…doblegar a quienes pretenden con la violencia imponer sus intereses criminales sobre el interés colectivo y la aspiración nacional por la paz”.

Si no han descansado en la lucha contra los asesinos de lideresas y líderes sociales ¿por qué la impunidad sigue siendo del 98% y en la mayoría de los casos la Fiscalía ha iniciado investigación para “castigar a los responsables de esos crímenes infames”?, como el caso de nuestro compañero Luis Alberto Galvis….., cuyos autores intelectuales y materiales gozan de la más absoluta impunidad.

Allí está una de las razones por las cuales el gobierno no investiga, no concreta, no llega al fondo del asunto: la IMPUNIDAD. Por eso también los llamados “terceros” han quedado excluidos de la Justicia Especial para la Paz, JEP; léase empresarios a los cuales les interesa sacar de su camino ha quienes se oponen a sus negocios de saqueo de nuestros recursos naturales. Los criminales, al sentirse seguros, siguen actuando y mas ahora, que asume un gobierno que se insinúa más condescendiente. No valdrán los decretos, las declaraciones, los aumentos presupuestales si no se llega al fondo del asunto, a la verdad, que es lo que pretende el Acuerdo del Teatro Colon, hoy despedazado por los vividores del sistema que no quieren que se conozca la verdad.

Responsabilizamos al Estado Colombiano por la vida del compañero Luis Galvis Martínez, y de todos los Dirigentes de nuestra Organización Sindical, amparada por medidas cautelares de la CIDH. Insistimos a todas las autoridades, particularmente a la Fiscalía, a que se llegue al fondo de este caso, que se investigue, se identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales de este atentado.

Por otra parte, solicitamos al Estado el refuerzo de las medidas de protección, particularmente del caso del compañero Luis Galvis, y que se dispongan de todas las garantias eficaces que aseguren la vida e integridad física del compañero y su familia.

Seguiremos resistiendo junto a las comunidades en sus justas luchas y en la defensa de nuestro pliego de peticiones cuya negociación iniciaremos próximamente.

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO –USO-
COMISIÓN NACIONAL DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Bogotá, 11 de julio de 2018

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