La MINGA por la vida es nuestra

Se espera, que con los Acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y las FARC-EP y los diálogos con el ELN, la construcción de un país, donde sean respetados las libertades y los Derechos Humanos, sea realidad. Que lo común sea que la protesta social aumente, visibilizando las desigualdades sociales agenciadas por el Estado colombiano desde hace décadas. El pueblo ha perdido el miedo a protestar y lo está haciendo.

Más de cien mil indígenas, pueblos negros y campesinos se están movilizando en 22 departamentos del país, EN DEFENSA DE LA VIDA, EL TERRITORIO, LA PAZ Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CENTENARES DE ACUERDOS a los que se ha llegado con los Movimientos Sociales, en igual número de protestas, en los últimos cuarenta años. Esto para no hablar del incumplimiento en la implementación de los Acuerdos con las FARC-EP

ESTE ESTADO, MÁS DE LOS MISMO

Por ahora, lo que estamos viviendo son las mismas políticas de Estado y el comportamiento cada vez más brutal de los llamados “agentes del orden”, es decir la Policía, el ESMAD, el Ejército y sus organismos de inteligencia. El balance, de 4 días, es la muerte de Elvia Azucena Vargas, líder indígena Emberá, 21 heridos y numerosos daños a los manifestantes. En legítima defensa los indígenas detuvieron y desarmaron a 16 integrantes de la Fuera Pública, quienes ya fueron devueltos a Alcaldes, Defensoría, Iglesia Católica y organismos internacionales.

Los reclamos de la MINGA NACIONAL POR LA VIDA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, que inició su marcha este 30 de octubre, con la participación de 106 pueblos originarios de Colombia y que hace parte de las Jornadas de Indignación Nacional, realizadas por estudiantes, trabajadores, comunidades negras, campesinos, mujeres, no solo son justos sino que llama al gobierno a que cumpla con los Acuerdos pactados en el Paro Agrario de 2013 y de la Minga realizada en 2015.

Ahora, están reclamando que se les respete el derecho a la vida y cesen los asesinatos en contra de campesinos, varios de ellos cultivadores de coca, indígenas y de pueblos afrocolombianos, que se han intensificado en varias regiones del país. Que la titulación de tierras individual y colectivamente sea concretada y que se les cumpla inmediatamente con las garantías en la sustitución voluntaria de la hoja de coca. Por la defensa de las consultas mineras en territorios ancestrales. Que se empiece a implementar el Acuerdo Étnico de los Acuerdos de La Habana y que se acuerde con las comunidades Planes de Vida que conlleven un desarrollo humano en todas las regiones de Colombia.

La USO hace parte de la vida de las comunidades y por eso siempre apoya sus justas luchas y participa en ellas de manera activa. Las huelgas efectuadas por nuestro sindicato han sido en defensa de nuestra soberanía y del bienestar de las comunidades de las regiones de explotación del crudo y del pueblo colombiano, como lo estamos haciendo al participar activamente en la convocatoria al PARO CIVICO DE BARRANCABERMEJA, que tiene como objetivo que el gobierno cumpla con la puesta en marcha del Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja.

La Administración de Ecopetrol no cumple con sus responsabilidades corporativas, al suspender el Centro de Atención Básica de Ecopetrol, en TIBÚ, que priva de lo mínimo en salud a los tibuyanos y deja sin empleo a varios trabajadores. Ante acciones de las comunidades, ECOPETROL respondió llamando a piquetes antidisturbios de la Policía Nacional, lo cual originó la protesta del Alcalde de este municipio, Jesus Alberto Escalante Ascensio. Ahora, cuando se desarrolla, en forma pacífica, la visita de las comunidades del Catatumbo, al campo de Ecopetrol, en Tibú, responde de igual manera: suspendiendo 9 contratos de servicios petroleros dejando sin empleo 150 familias de la región y amenazando con cancelar 37 contratos más que elevaría a 600 el número de familias sin su sustento diario. También suspendió la operación de la planta de gas de Sardinata, que abastecen alrededor de 1.000 usuarios de la zona rural y urbana de Tibú, y a 140 mil usuarios residenciales e industriales de Cúcuta y su área metropolitana.

Además, amenaza a compañeros de la Subdirectiva de la USO, por mostrarse solidarios con esta justa protesta y ha propagado rumores de posibles detenciones a dirigentes del Sindicato.

En uno de sus comunicados, la Administración de Ecopetrol llama a “…privilegiar el diálogo como mecanismo de concertación…y para superar las diferencias”. Lo que vemos, en la práctica, es su actitud de NO DIÁLOGO y violenta contra los y las tibuyanas y los trabajadores de Ecopetrol. Estas acciones requieren ser entendidas como un acto de protesta legítimo y no reprimiendo, como lo está haciendo el Estado colombiano y la Administración de la estatal petrolera.

Hacemos un llamado al gobierno nacional para que acepte la propuesta de diálogo de quienes dirigen esta MINGA POR LA VIDA, para que encuentren una salida a las problemáticas planteadas. Si es cierto que estamos avanzando a la paz y a la reconciliación, lo mínimo es que el gobierno hable y no violente.

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LAS INDUSTRIA DEL PETRÓLEO – USO

COMISIÓN DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS


Bogotá, 3 de noviembre de 2017



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