Ecopetrol criminaliza la protesta social

El próximo 28 de marzo la Fiscalía General de la Nación citó a una audiencia de conciliación a 22 compañeros pensionados, producto de la querella interpuesta por la empresa por el posible delito de Perturbación de la posesión sobre inmueble, a raíz de la acción que llevaron a cabo esos valerosos hombres y mujeres de la tercera edad en el Centro de Atención Local - CAL en la ciudad de Bucaramanga, realizada entre el 14 y 22 de diciembre de 2016.


Tremendo exabrupto político por parte de la Estatal Petrolera al pretender acallar la voz de la protesta social y sindical mediante procesos judiciales sin ningún asidero, toda vez, que los compañeros no cometieron ningún delito, ni daño alguno a las instalaciones y menos afectación al servicio, por el contrario, fue la inepta administración la que obligó a los funcionarios a trasladarse al ICP para que siguieran laborando y prestando el servicio en dicho lugar.

Es totalmente aberrante y cínico por parte de la empresa al pretender modificar nuestro modelo actual de salud y con ello violar la Convención Colectiva de Trabajo Vigente, y fuera de eso penalizar los compañeros por adelantar una jornada pacifica en nuestras instalaciones, con el fin de rechazar esa perversa intención.

A la administración de ECOPETROL y al Estado Colombiano no se le puede olvidar que fuimos los obreros los que luchamos por el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento de la empresa, por lo que es irracional y desproporcionado que se pretenda señalar a los compañeros pensionados y familiares de perturbar la posesión sobre estas instalaciones, que son nuestra “CASA”.

Como tampoco se le puede olvidar que la jornada de protesta se dio por la dilación e incumplimiento de la alta administración de ECOPETROL en cabeza del Presidente Juan Carlos Echeverry en los compromisos adquiridos en la vía de definir de una vez por todas, que el modelo de salud que tenemos los obreros petroleros y nuestras familias, continuará como actualmente esta consagrado en nuestra Convención Colectiva de Trabajo Vigente y desistir definitivamente en cambiarlo UNILATERALMENTE por un nuevo modelo que con toda seguridad nos conducirá al fracaso y al famoso paseo de la muerte del régimen general de salud prestado por las EPS en el país.

Ni menos se le puede olvidar a la administración de la empresa que ellos se negaron desde el principio a buscar una salida dialogada y en respuesta ordenaron a través del Jefe de Seguridad, URIEL PENA, a vulnerar los derechos humanos de los manifestantes al bloquear la entrada del edificio con la fuerza pública y no permitir la entrada de medicamentos y alimentos, poniendo en grave riesgo la vida de las personas de la tercera edad y enfermos que allí se encontraban. Prueba de lo anterior, es que debimos acudir a un Juez de la República para que interviniera y ordenara cesar tamaña arbitrariedad y desafuero constitucional, mediante el amparo de Acción de TUTELA de los derechos fundamentales inculcados.

Cuan equivocados están si pretenden amilanar y amedrantar mediante el chantaje judicial, la conciencia revolucionaria de aquellos hombres y mujeres que han dado todo durante su vida por el fortalecimiento de esta empresa, por el contrario, no permitiremos implementar su modelo privatizador del patrimonio público representado en ECOPETROL y su política antisindical y antilaboral con el propósito de arrebatarnos nuestras conquistas y condiciones de dignidad, logradas durante décadas de lucha y sacrificio.

Los pensionados y trabajadores de Ecopetrol no somos delincuentes, somos luchadores sociales que nuestro único delito ha sido defender nuestra soberanía y dignidad del pueblo colombiano. Por ello, acudirán con la frente en alto y con el pleno respaldo institucional de la USO, a demostrar ante cualquier instancia, no sólo su inocencia sino la justeza de las jornadas de protesta que llevamos a cabo por reivindicar nuestros derechos y que seguiremos realizando si insisten en arrebatárnoslos.

Al contrario los delincuentes son otros, unos de cuello blanco que por acción u omisión no han querido darle una respuesta a la Nación sobre el desfalco de REFICAR, que según el Contralor General de la República incurrieron en un detrimento patrimonial de 8.060 millones de dólares, de igual manera el Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, le mintió al país cuando en campaña ofreció realizar el PLAN MAESTRO DE LA REFINERÍA DE BARRANCABERMEJA, y a la fecha no ha cumplido, sometiendo a la Capital Petrolera a una catástrofe social y económica, llevándose de paso a la obsolescencia el más grande Complejo Refinador de Colombia, con las consabidas y graves consecuencias para el autoabastecimiento de combustibles para el país, pues al no realizar dicho plan, en no menos de cinco años será un cementerio de chatarra. Conminamos a todos los trabajadores, pensionados de ECOPETROL y al pueblo en general, a rechazar la criminalización de la protesta social mediante chantajes judiciales, a sumarse en la defensa del patrimonio público, a exigir la realización del PMRB y del mismo modo, exigir al Gobierno Nacional y a los entes de control que se investiguen y hallen los responsables de los desfalcos de REFICAR y los contratos de ODEBRECHT.

Aprovechamos la oportunidad para hacer un reconocimiento especial a aquellos pensionados y familiares que con su ejemplo de disposición y resistencia, han demostrado una vez que el único camino que garantiza el logro de nuestros propósitos, es la unidad, organización y lucha.

Redacto: Junta Directiva Nacional, marzo 27 de 2017.



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