Es por lo menos desafortunada esta nueva ocurrencia de la ministra Alicia Arango de nombrar al abogado Tovar Vélez a cargo de la coordinación del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado, GAPV, del Ministerio del Interior. Es sobre todo un insulto para nueve millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y en especial a las víctimas del paramilitarismo, sobre todo a los cientos de miles que en el Caribe Colombiano sufrieron la carnicería desatada por su padre Jorge 40 y sus secuaces.

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